Diputados del oficialismo y de la oposición de la provincia de La Pampa se presentaron este viernes 3 de febrero dos pedidos para que la jueza Ana Clara Pérez Ballester sea sometida a juicio político por su intervención en el proceso para otorgarle en 2020 la tenencia de Lucio Dupuy a su madre Magdalena Espósito ValentiQuien fue condenada al igual que su pareja, Abigail Páez, por haber asesinado a golpes y patadas al niño de 5 años.
lo bloquea de Diputados del peronismo (Frejupa) en La Pampa anunció este jueves que impulsará un jurado de juicio por mal desempeño contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester quien otorgó la tenencia de Lucio Dupuy a su madre ya su pareja Abigail Páez.
La noticia de que los legisladores del oficialismo pampeano quieren poner en el banquillo a la jueza Ballester lo confirmó la diputada y precandidata a vicegobernadora Alicia Mayoral, quien señaló a medios locales que «el texto del pedido de jurado ya está redactado» y que solo esperaban la sentencia para presentarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de La Pampa.
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Según trascendió, otros bloques de la oposición provincial, como Propuesta Federal, también analizan sus propios pedidos de jurado a la magistrada, que siempre fue ferozmente cuestionada por la familia paterna de Lucio, que la acusó de entregar la guarda del menor su madre y la pareja de esta «sin el menor estudio socioambiental» e ignorando las denuncias de la familia del padre de Lucio, que en repetidas ocasiones acusó a Espósito Valenti y Abigail Páez de violencia y maltratos.
«Nunca nos escuchó, la tercera asesina de mi nieto se llama es Ana Clara Pérez Ballester, la jueza de General Pico, que entregó al nene en bandeja de oro para que lo mataran», denunció el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, agregando «esa jueza sigue en funciones, pero no tiene empatía ni corazón, la maintenanceen solo porque pertenece a los ‘colectivos verdes’ radicales».
La otra denuncia por mal desempeño de las funciones de la magistrada fue presentado por los integrantes de PRO La Pampa, Martín Ardohain y María Laura Trapaglia, acompañado de los diputados Matías Traba y Eduardo Peppa, integrantes del bloque Propuesta Federal. «Hemos realizado la denuncia formal por mal desempeño de sus funciones por incumplimiento reiterado de los deberes de funcionariajudiciary y negligencia reiterada en el ejercicio del cargo», explicaron los diputados en un comunicado.
Para los diputados del PRO, la jueza de Familia y la Asesora de Menores de la ciudad de General Pico, Pérez Ballester, debe explicar por qué «no se realizó un informe socio-ambiental del contexto familiar donde iba a vivir Lucio»; «no se informó, ni se citó a testigos»; «no se escucho al menor»; «no fue abordado desde el Juzgado por un equipo de profesionales»; «no se notificó al padre del menor, que tenía el cuidado personal compartido, y la responsabilidad parental»; ni explicó el «cambio de centro de vida de General Pico a Santa Rosa».
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El pedido de juicio político busca establecer los motivos de «la atribución del cuidado personal del niño Lucio Abel Dupuy ha conocido a la progenitora» que «derivó en los malos tratos y consecuente muerte del niño». «El magistrado denunció hoy omitio, en una sucesión de oportunidades procesales, el cumplimiento de deberes a su cargo, deberes que implicaban adoptar las medidas necesarias para la protección del interés superior del niño, el cual debe estar presente en toda actuación de este tipo» , afirmaron los denunciantes.
Y gregaron que «no se observó que en el expediente (de la tenencia) se haya ordenado la realización, por ejemplo, de un form socioambiental, o se haya recabado la comparcencia de testigos, como medidas basicas para determinar las condiciones de vida a las que Lucio Dupuy se enfrentó desde el cambio de residencia y cuidadores”.
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«También se observó, por ausencia de constancia procesal alguna al respecto, que el niño fue privado de su derecho a la escucha», explicaron y añadieron que «no menos grave» es que «no se notifica ni trae un juicio al progenitor del niño “En este aspecto hay que tener en consideración que el cuidado personal es una de las figuras jurídicas derivadas de la patria potestad y que es competencia de los progenitores por igual ambos”, consideróron en la denuncia.
Por su parte, Pablo Rodríguez Salto, uno de los abogados defensores de la magistrada, dijo que van a “mostrar con claridad que la jueza no actuó mal”. «Leyendo los procesos, uno entiende que cuando ella tomó la decisión, no había indicio alguno de violencia», destacó el letrado.
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