Mayor iniciativa, recursos y garantías. Estas son algunas de las reivindicaciones que la Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (Airef), encargada de velar por las cuentas públicas y evaluar las políticas de las Administraciones, ha puesto sobre la mesa este miércoles, con ocasión de la presentación de los resultados de la tercera y última fase del Spending Review —análisis del gasto público— para el periodo 2018-2021. Su presidenta, Cristina Herrero, ha lamentado que se hayan reducido el alcance y relevancia de las políticas evaluadas bajo este paraguas: si la primera fase supuso revisar 33.000 millones de gasto público y la segunda más de 50.000, la tercera se redujo a 18.000 millones y la próxima, ya encargada, solo alcanza los 10.000. “No es solo una cuestión cuantitativa; es una lástima que hayamos abandonado el ámbito sanitario y prácticamente no hayamos entrado en el educativo”, ha detallado.

La primera fase del Spending Review, un proyecto de análisis de gasto público que el Gobierno encarga a la Airef sobre ámbitos seleccionados que él mismo elige, finalizó en 2019 y abordó temas que iban desde las becas universitarias al gasto público por medicamentos a través de receta. La segunda fase, cuyos resultados se presentaron en 2020, analizó 35.000 millones de beneficios fiscales, el gasto en infraestructura del transporte, el desembolso hospitalario público y los incentivos a la contratación y el trabajo autónomo. La institución ya tiene encomendada una nueva tanda de estudios para el periodo 2022-2026, que incluye, entre otras materias, la evaluación del gasto en prestaciones (Ingreso Mínimo Vital y e incapacidad temporal) y en políticas de empleo.

Por eso, antes de abarcar el nuevo ciclo, la Airef pide un cambio en la ley orgánica que crea el organismo para dotarlo para blindar su financiación, convertir la evaluación en una función permanente y mejorar el proceso de encargo para poder proponer las materias a analizar. Herrero cree que España está yendo hacia “una deriva en materia de evaluación” y ha esgrimido varios argumentos para justificarlo. Primero, ha criticado que las políticas públicas no se diseñan a sabiendas de que van a ser evaluadas y muchas de ellas no tienen un objetivo concreto. En segundo lugar, la información disponible es muchas veces de escasa calidad y difícil acceso, lo que deja menos margen de actuación. “No estamos preparados para evaluar nuestras políticas públicas”, ha zanjado.

Muchas de estas deficiencias han quedado patentes en los resultados presentados este miércoles, que se centran en los instrumentos financieros del sector público, como la concesión de garantías o las líneas de liquidez —otorgadas antes de la pandemia prepandemia—, y la gestión de residuos.

La recogida puerta a puerta reduce los residuos

España va rezagada con respecto a los países vecinos en cuanto a política de residuos: no ha cumplido con los objetivos europeos para 2020 de reducción en la generación de deshechos y reciclaje y hay riesgo de que tampoco se cumplan las metas marcadas para el futuro, como ya ha alertado la Comisión Europea. Según la Airef, además, los recursos a disposición son insuficientes para alcanzar los objetivos. “La Comisión Europea dice que se necesitan 2.500 millones, y España destina 800″, ha detallado José María Casado, director de la División de Evaluación de Gasto Público.

Ante la falta de medidas implementadas e información escasa, el organismo ha puesto sobre la mesa un conjunto de buenas prácticas a través de una comparación internacional. Considera que los impuestos al vertido constituyen “una herramienta eficaz para reducir los residuos que acaban en vertederos, y su impacto aumenta “cuando los tipos impositivos se aplican de forma progresiva y su senda es anunciada con antelación”.

También el sistema de pago por generación —cada hogar paga en función de los residuos que genera— recibe una evaluación positiva: reduce los residuos y sus efectos se amplifican si va acompañado de incentivos. Por ejemplo, a una mejor separación de la basura. La recogida puerta a puerta —según un análisis realizado en los municipios de Cataluña— también reduciría la generación de residuos y mejoraría el reciclaje en hasta 30 puntos. La recogida separada de la fracción orgánica, poco extendida en España, también se ha mostrado eficaz.

Déficit de coordinación en la gestión de los instrumentos financieros

Las ayudas financieras públicas han ganado peso con los años. Son importantes para el desarrollo de empresas emergentes y sectores específicos, y fundamentales cuando la economía se gripa, como han evidenciado las crisis provocadas por la covid y la guerra en Ucrania. Pero necesitarían de una mejor coordinación y planificación para evitar solapamientos y duplicidades, según la Airef, y llegar a más beneficiarios.

La institución construye su informe a partir de los instrumentos financieros públicos concedidos entre 2010 a 2019 y gestionados por nueve agencias —ICO, CERSA, CDTI, ENISA, CESCE,COFIDES, SGIPYME, SEC y SET—, que en su conjunto movilizaron más de 200.000 millones de euros. Considera que existe un “déficit de coordinación” entre estos organismos, que implica “un riesgo de solapamiento elevado”. Detalla que el grueso de los mecanismos de coordinación horizontal son informales y alerta sobre la falta de coordinación entre el Estado y las comunidades. Asimismo, hay descoordinación en la planificación estratégica de las agencias, por lo que hay objetivos sectoriales que se quedan sin cubrir y solapamientos de varios instrumentos para una misma acción.

El modelo de ventanilla múltiple, aunque tiene la ventaja de la especialización, también tiene disfunciones. El sistema actual cuenta con seis distintos agentes que gestionan 27 instrumentos financieros, excluida la internacionalización —el Instituto de Crédito Oficial (ICO) es el que tramita más herramientas y más volumen de financiación: 124.000 millones entre 2010 y 2019, el 84% del total—. Según la Airef, esta dispersión “dificulta la visibilidad del conjunto de instrumentos”, que se refleja en el escaso conocimiento de los mismos por parte de las empresas. Tampoco existe una base de datos común para que los organismos compartan información sobre los instrumentos que gestionan y las empresas beneficiarias. Del lado evaluador también hay lagunas, ya que no hay análisis exante para determinar las dotaciones de las ayudas ni metas preestablecidas para que permitan hacer un seguimiento y determinar su impacto.

El informe realiza un análisis más específico para los sectores de la innovación, el turismo y la industria. Pero las conclusiones son parecidas: hay solapamientos e ineficiencias. En el caso de los apoyos a la internacionalización ha habido mejoras en la coordinación, pero hay una infrarrepresentación entre las empresas beneficiarias de aquellas de menor tamaño o de empresas sin experiencia exportadora.

Ante todos estos hallazgos, la Airef pone el acento sobre todo en la mejora de la coordinación a nivel vertical y horizontal. Recomienda, por ejemplo, que un grupo interministerial o equivalente evalúe la oferta de apoyo público en su conjunto, aconseja impulsar la colaboración entre las agencias estatales y las autonómicas y aprovechar el trabajo de aglutinación que ha realizado para crear un portal informativo del conjunto de la oferta de instrumentos que facilite su identificación.

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