El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha mostrado este martes su satisfacción tras conocer que el Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado por unanimidad conocer el recurso interpuesto por las Cortes de Aragón contra la Ley Orgánica 1/2024, que prevé la amnistía para los Normalización institucional, política y social de Cataluña. Azcón afirmó que esta decisión del TC es un paso importante para garantizar “el respeto al Estado de derecho” y demostrar que la ley es inconstitucional, como han señalado numerosos juristas de todo el país.
El recurso de Aragón es el primero de quince interpuestos contra esta ley por gobiernos y parlamentos de distintas comunidades autónomas. Según Azcón, la aceptación del recurso refleja que “la defensa de la Constitución prima sobre cualquier otro interés”, y destacó el papel de Aragón al liderar esta batalla jurídica contra una norma que, a su juicio, es contraria a los principios fundamentales. de la constitución. Constitución.
Un paso importante en la defensa de la Constitución
Azcón destacó que la decisión del TC es una «buena noticia» para los aragoneses, que, según él, están representados en esta acción por las Cortes de Aragón. Para el presidente regional, la ley de amnistía es «injusta» y contraria a la Constitución, porque busca normalizar situaciones que, desde su punto de vista, no pueden estar por encima del marco legal del país.
El dirigente aragonés destacó que la unanimidad del TC al aceptar el recurso es un claro indicio de que existen dudas razonables sobre la constitucionalidad de la norma. «Este auto del Tribunal Constitucional da y quita razones», afirmó Azcón, quien consideró que la aceptación del recurso supone un triunfo para los aragoneses y para todos los que defienden la legalidad y el Estado de derecho.
Un consenso político en Aragón contra la ley de amnistía
La convocatoria al TC recibió el apoyo de una amplia mayoría en las Cortes de Aragón, incluidos los partidos PP, VOX, Teruel Existen y PAR. Azcón destacó que este consenso político refleja el rechazo generalizado a una ley que considera lesiva para la democracia y el equilibrio constitucional del país. Según explicó, la norma no sólo es injusta, sino que abre la puerta a concesiones políticas que, a su juicio, ponen en peligro la integridad del Estado.
El presidente aragonés no dudó en criticar al Gobierno central y al presidente Pedro Sánchez, acusándolos de utilizar la ley de amnistía como herramienta para alcanzar acuerdos políticos a cambio de votos en el Congreso. Según Azcón, «el mundo entero sabe que la amnistía es un intercambio de favores políticos por escaños» y que con esta ley el Gobierno concede privilegios a partidos catalanes que quedan fuera del marco legal y que vulneran los principios de la Constitución. .
Apoyo de la comunidad jurídica
Azcón aseguró que una «abrumadora mayoría» de expertos en derecho constitucional en España cree que la ley de amnistía no tiene cabida en la Constitución. Según el presidente de Aragón, esta opinión es compartida incluso por destacados miembros del Partido Socialista y, en su momento, por el propio Pedro Sánchez, quien también tendría dudas sobre la constitucionalidad de tal régimen.
En sus declaraciones, Azcón destacó que la convocatoria de las Cortes de Aragón refleja el compromiso de la comunidad con la defensa de la legalidad y la Constitución. “Es una satisfacción que los aragoneses estén en primera línea en la defensa del Estado de derecho”, afirmó, subrayando que la ley no sólo es injusta sino que supone una transferencia de poder que pone en peligro los valores democráticos del país.
Críticas al gobierno central y la ley de amnistía
El presidente aragonés se mostró especialmente crítico con el presidente Pedro Sánchez, al que acusó de «abuso de poder» y de complacer a los partidos catalanes para garantizar su apoyo político en el Congreso. Azcón enfatizó que la amnistía es una medida que no respeta el marco constitucional y pone en riesgo la integridad del Estado. Según el dirigente regional, esta ley es un claro ejemplo de cómo el Gobierno central está dispuesto a hacer concesiones que comprometen la legalidad para mantenerse en el poder.
En este contexto, Azcón reafirmó su compromiso con los valores democráticos y la defensa de la Constitución, asegurando que Aragón seguirá liderando la lucha contra esta ley. Para el presidente, la convocatoria al TC es una muestra de que la comunidad autónoma está comprometida con proteger los intereses de todos los ciudadanos y preservar el Estado de derecho.
Un llamado a la unidad en defensa del Estado de derecho
En sus declaraciones, Azcón llamó a la ciudadanía y a las instituciones a mantenerse firmes en la defensa de la Constitución y los valores democráticos. Según el presidente aragonés, la aceptación del recurso por parte del TC es sólo el primer paso de una batalla legal para lograr que la ley de amnistía sea declarada inconstitucional y que se respete el marco legal del país.
El dirigente regional destacó que la lucha contra la ley de amnistía no es sólo una cuestión política, sino también un compromiso con los principios fundamentales que sustentan la democracia en España. Para Azcón, el apoyo de la comunidad jurídica y el consenso político en Aragón son una prueba de que esta lucha cuenta con un amplio respaldo y de que es posible defender los valores democráticos frente a las concesiones políticas.
El futuro de la ley de amnistía en manos del TC
Al aceptar el recurso, el Tribunal Constitucional decidirá en última instancia sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Si bien el proceso legal puede tomar algún tiempo, la decisión del TC será crucial para determinar el futuro de esta norma y su impacto en el panorama político del país. Para Azcón, la unanimidad del tribunal al estimar el recurso es una señal positiva que fortalece las esperanzas de que la ley sea declarada inconstitucional.
Mientras tanto, el presidente de Aragón reafirmó su compromiso con la defensa de la Constitución y la lucha por una democracia sólida y respetuosa del Estado de derecho. Según Azcón, los aragoneses pueden estar orgullosos de estar al frente de esta batalla jurídica, que pretende conseguir que los principios fundamentales de la democracia prevalezcan sobre los intereses políticos.