El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) multó a Telcel, uno de los principales proveedores de servicios móviles de México, con 90,6 millones de dólares por prácticas que restringen la libre competencia en el mercado. Según el IFT, la empresa ha incurrido en conductas monopólicas al ofrecer incentivos a distribuidores con el objetivo de bloquear las ventas de productos de sus competidores en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.
El IFT explicó que Telcel otorgó descuentos y beneficios a ciertos canales de distribución, condicionando las ventas de paquetes de telefonía móvil a que no se comercializaran productos de otras empresas competidoras. Esta estrategia, señala el regulador, ha perjudicado los derechos de los consumidores al limitar su capacidad de elegir entre diferentes servicios de telefonía móvil.
La investigación que condujo a esta sanción comenzó en enero de 2021 y culminó con un informe de causa probable a fines del año pasado. Telcel tuvo la oportunidad de impugnar esta resolución y presentar su defensa durante el proceso judicial.
América Móvil, el conglomerado propietario de Telcel, ha anunciado a su vez su intención de apelar la multa. En declaraciones a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa rechazó las acusaciones y cuestionó la forma en que se llevó a cabo la investigación, argumentando que los reclamos contra la empresa se basan en declaraciones hechas por un competidor.
Telcel mantiene una posición dominante en el sector de telefonía móvil de México, operando aproximadamente el 58,7% de los 142,7 millones de líneas móviles registradas en el país. Al cierre del cuarto trimestre de 2023, la compañía reportó ingresos por 62.673 millones de pesos, lo que representa una participación de mercado del 69,1%.
El IFT ha enfatizado la importancia de los organismos reguladores para asegurar un mercado competitivo. Esta sanción subraya el papel crucial que desempeñan estas entidades en la promoción de las condiciones para la libre competencia en México, especialmente en un contexto donde se discute la posible reforma encaminada a desmantelar los organismos autónomos, incluido el IFT.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una ley que podría llevar a la desaparición del IFT y otras instituciones independientes, argumentando que representan un costo innecesario para el gobierno. Según el Presidente, estas entidades no están cumpliendo adecuadamente con su objeto ya que han recibido más de 32,313 millones de pesos desde su creación.
La posible abolición del IFT ha generado preocupación entre los especialistas, quienes advierten que podría ser un retroceso para las industrias reguladas e impactar las políticas establecidas en acuerdos comerciales como el T-MEC. Aunque los partidarios de la reforma aseguran que no afectará las obligaciones del país en el comercio internacional, el debate continúa.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya aprobó el reglamento en términos generales, y la decisión final sobre la continuidad o extinción del IFT dependerá de la próxima legislatura, que inició sus funciones el pasado 1 de septiembre. Ahora que el partido gobernante ha asegurado una mayoría calificada, la situación del IFT y otros organismos autónomos se encuentra en un punto crítico.
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