A partir del 2 de agosto España aplicará la Directiva europea de Mediación, que fija un mínimo de cuatro semanas de permiso retribuido para los padres desde el nacimiento de un hijo hasta que cumpla 8 años. Sin embargo, su implementación quedará suspendida hasta 2025 mientras el gobierno de coalición negocia sus términos.
Esta directiva, adoptada en 2019, exige que todo empleado tenga derecho a un permiso parental de al menos cuatro meses antes de que el niño cumpla 8 años. De ellos, dos meses son intransferibles y deberán ser sancionados en caso de no cumplirse. Hasta ahora, el gobierno tiene un margen adicional hasta agosto para adaptarse a estos requisitos.
El derecho de familia ya reconoce este derecho, pero aún está por definir cómo y cuándo se financiará, lo que deja en suspenso el pleno cumplimiento de la directiva. Los funcionarios del Ministerio de Derechos Sociales insisten en que no renunciarán al salario de cuatro semanas, aunque algunos miembros del gobierno ya lo han hecho.
El delegado de Sumar, Carlos Martín Uriza, explica que la directiva exige un mínimo de 22 semanas de licencia remunerada: 14 por nacimiento y 8 por cuidado antes de que el niño cumpla 8 años. Actualmente, España ofrece 19 semanas, divididas en 16 semanas de parto y 3 semanas adicionales de lactancia.
Se propone que el PSOE amplíe el permiso de maternidad de 16 a 20 semanas y garantice el pago de 4 de las 8 semanas del permiso parental. Esto podría costarle al gobierno alrededor de 250 millones de euros por semana pagada. Si la normativa no se aplica a tiempo, la multa también puede ascender a 53.600 euros por día.
Existen muchas dudas e incertidumbres tanto entre empleados como entre empleadores sobre cómo se financiarán estos permisos. Según Catarina Capeáns, especialista en derecho laboral, si bien la ley reconoce el derecho, no especifica cómo se debe pagar. Esto ha generado confusión sobre el porcentaje del salario que se destinará a estos permisos y su costo.
Mamen Sánchez, asesora laboral, también destaca que la falta de claridad sobre cómo se implementarán estos permisos ha creado incertidumbre para muchas empresas. La responsabilidad del pago recae en el Estado, pero es necesario un desarrollo regulatorio para hacerlo viable, con el objetivo de su pleno cumplimiento para 2025.
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