El más alto entre los países desarrollados.

La mayoría de los países desarrollados han abolido los impuestos sobre el patrimonio neto. Sin embargo, en España este impuesto sigue vigente y es el más elevado, con una carga impositiva de hasta el 3,5%. Entre los países de la OCDE, sólo Suiza, Noruega y Colombia mantienen este tipo de impuestos, aunque a tipos mucho más bajos que los de España.

Según datos de la OCDE, el impuesto sobre el patrimonio en España es progresivo y oscila entre el 0,16% en Navarra y el 3,5% para activos superiores a 700.000 euros.

Además, el gobierno de Pedro Sánchez ha introducido un nuevo impuesto al patrimonio en 2022 que se aplica entre el 1,7% y el 3,5% a las personas con patrimonio superior a tres millones de euros. Este impuesto también se aplica a los residentes en España con bienes en el extranjero, mientras que los bienes situados en España están sujetos al impuesto aunque su propietario no viva en el país.

En Noruega, el impuesto sobre el patrimonio es del 1% para las personas con activos superiores a 150.000 euros, el 0,7% va a los municipios y el 0,3% al gobierno central. Para activos superiores a 1,74 millones de euros, el tipo se reduce al 1,1%. En Suiza, los impuestos sobre el patrimonio varían según el cantón, con tasas entre el 0,3% y el 0,5%, y se aplican tanto a los activos nacionales como a ciertos activos extranjeros.

Aunque España tiene la carga fiscal sobre el patrimonio más alta del mundo, los grandes patrimonios en España realizan un esfuerzo fiscal mayor que sus equivalentes en Suiza o Noruega. Esto se debe a que el PIB per cápita de Suiza es tres veces mayor que el de España y el PIB de Noruega es 2,5 veces mayor.

Los expertos creen que este tipo de impuestos son ineficientes, por lo que muchos países desarrollados han optado por abolirlos. Según la OCDE, los impuestos sobre el patrimonio en España representaron el 0,54% de los ingresos tributarios totales en 2022, equivalente al 0,19% del PIB. En Noruega, este impuesto representó el 1,06% del total de los ingresos tributarios, equivalente al 0,75% del PIB. En Suiza, los ingresos tributarios por este impuesto representaron el 4,35% del total, equivalente al 1,19% del PIB.

Los expertos aseguran que estos impuestos generan pocos ingresos y elevados costes administrativos y fomentan la evasión fiscal. La economista Cristina Enache explica en un artículo para el think tank Tax Foundation que estos impuestos son ineficaces por su mal diseño y sus elevados costes de implementación.

En 2021, el Tribunal Supremo dictaminó que este tipo de impuestos son contrarios a la justicia europea. En España, las comunidades de Madrid, Galicia y Andalucía han recurrido ante el Tribunal Constitucional el ‘impuesto de solidaridad’ de Pedro Sánchez.

El llamado “impuesto temporal de solidaridad”, que grava activos por valor de más de tres millones de euros, se introdujo para contrarrestar la supresión de los impuestos sobre el patrimonio en algunas comunidades autónomas. El Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, asegura que esta medida permitirá recuperar los ingresos tributarios perdidos.

En respuesta, las comunidades de Madrid, Extremadura y Andalucía han ajustado sus propios impuestos sobre el patrimonio, introduciendo un impuesto regional que cierra la brecha con el impuesto estatal de solidaridad y ofreciendo una bonificación del 100% en estas regiones. Cantabria y Baleares también han aumentado el umbral de exención hasta los tres millones de euros, y Murcia lo ha incrementado hasta los 3,7 millones de euros.

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