El Gobierno ha entablado intensas negociaciones en el Congreso para intentar avanzar en la reforma de la ley de extranjería, cuyo objetivo es distribuir obligatoriamente a los menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Sin embargo, la propuesta fue nuevamente rechazada por el Congreso de los Diputados. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, actuó como mediador, pero no logró llegar a un acuerdo.
Durante el pleno, el PP y Junts enviaron la iniciativa al PSOE, Sumar y Coalición Canaria, que decidieron retirar la reforma. Tanto Junts como Vox confirmaron su oposición desde el principio.
La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, expresó su disposición a apoyar el texto si se aporta la información necesaria para su implementación. Sin embargo, destacó que cualquier avance dependerá de la cooperación del PSOE y Sumar. “Si no hay avances en las próximas horas, es mejor que no votemos y sigamos hablando”, afirmó. La enmienda al artículo 35 de la Ley de Inmigración tiene como objetivo abordar la situación de los menores inmigrantes no acompañados en regiones con un alto hacinamiento.
En otro ámbito, Junts votó en contra del mandato deficitario del Gobierno, que podría afectar a los presupuestos de 2025. El vicepresidente de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, anunció que su partido está en contra del plan y subrayó la necesidad de estabilidad fiscal.
Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si se rechaza el mandato, el gobierno deberá fijar un nuevo objetivo en un plazo de cuatro semanas. De aprobarse esta nueva propuesta, tendría que pasar al Senado, donde podría sufrir más cambios.
La falta de un mandato de estabilidad complica la presentación de los requisitos necesarios para 2025, crucial antes de finales de septiembre para su inclusión en el año siguiente. Hasta el momento, durante este mandato, el gobierno no ha presentado ninguna condición, lo que complica aún más las negociaciones con sus socios políticos.
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