El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el lunes un plan urgente para reformar la Corte Suprema, actualmente dominada por una mayoría conservadora. Esta iniciativa, que ha causado polémica, pretende dejar una huella importante en sus últimos seis meses como presidente.
Biden lleva semanas señalando su intención de realizar varios cambios en la Corte, incluida la limitación de los mandatos de los jueces, que actualmente son vitalicios. Esto significa que un juez puede permanecer en el cargo hasta su muerte, lo que permite a la mayoría conservadora (seis magistrados contra tres) mantenerse en el cargo durante décadas. La Casa Blanca sostiene que es necesario fijar límites para evitar que los jueces permanezcan en sus cargos indefinidamente.
La posible reelección de Donald Trump en noviembre podría darle la oportunidad de reemplazar a algunos jueces, aumentando aún más la influencia conservadora en la corte. Durante su primer mandato, Trump nombró a tres jueces y su enfoque incluyó elegir candidatos jóvenes que pudieran influir en la corte durante mucho tiempo. Biden, a su vez, ha conseguido nombrar a Ketanji Brown Jackson, de 54 años, como su única opción hasta el momento.
Biden pronto revelará más detalles sobre su plan, en un esfuerzo por abordar cuestiones constitucionales y restablecer el equilibrio en la corte, especialmente en respuesta a decisiones recientes que han erosionado la inmunidad presidencial de Trump. También está prevista la introducción de un código de conducta “vinculante y ejecutable” para los jueces.
Sin embargo, la implementación de estas reformas enfrenta el desafío de un Congreso profundamente polarizado, lo que dificulta la aprobación de las medidas propuestas por el presidente.
El debate también se centra en temas controvertidos como el aborto. Biden enfatizó que “nadie está por encima de la ley”, subrayando la importancia de la confianza pública en las decisiones de la Corte Suprema, especialmente en cuestiones que afectan las libertades personales. El fallo «Roe v. Wade» de 1973, que legalizó el aborto, ha sido objeto de intenso debate y desde entonces ha llevado a muchos estados a promulgar leyes restrictivas. Actualmente, menos del 40% de los estados han implementado una prohibición total o parcial de esta práctica.
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