El ex aspirante presidencial se declaró culpable de corrupción y estuvo preso en U.S.A.. De regreso a su país, pasó a la ofensiva contra el fiscal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad que lo tenía en la mira como pieza clave en el escándalo Odebrecht
Manuel Baldizón era, en dos mil quince, un hombre popular en Guatemala. Para agosto de aquel año, este político conservador que había hecho su carrera en el nórdico departamento de Petén, se colocaba de forma cómoda como favorito para las presidenciales que se realizarían en noviembre de ese año. Mas a Baldizón, al final, su pasado lo alcanzó.
Hoy, en 2023, prácticamente una década después de su fallida carrera presidencial, este hombre está en el centro de un difícil rompecabezas político y judicial cuyo último episodio ha sido una crisis diplomática entre el gobierno de Alejandro Giammattei en Guatemala y el de Gustavo Petro en Colombia. Esa crisis diplomática se comenzó a gestar mucho antes, de la mano de un proceso de toma de control político que mantiene a la justicia guatemalteca al servicio de una élite salpicada por múltiples señalamientos de corrupción, de la que Baldizón formó parte.
Tras perder, Baldizón volvió a sus negocios en Petén y se sostuvo activo en política por un tiempo. Agentes estadounidenses le habían comenzado a continuar la pista motivados, en parte, por investigaciones de sus homólogos guatemaltecos que ligaban al excandidato con operaciones de lavado. Baldizón mantuvo perfil bajo mientras que compraba propiedades e inmuebles en su país y en Miami y se movía entre R. Dominicana y la Florida.
Fue en el aeropuerto de Miami, en el primer mes del año de 2018, que agentes federales detuvieron a Baldizón. Poco se supo del guatemalteco durante meses. Uno de sus abogados dijo, de forma escueta, que había pedido asilo. Pero en el mes de noviembre de ese año, el Departamento de Justicia, a través de una jefe fiscal en el distrito sur de la Florida, descubrió que Baldizón se había declarado culpable de lavado de dinero y que había recibido dinero del narcotráfico para financiar sus campañas presidenciales en Guatemala.
El diez de abril de dos mil dieciocho, los fiscales de Florida introdujeron al expediente delincuente dieciocho-CR-20758 un documento con los términos del pacto que habían alcanzado con Manuel Baldizón a cambio de la declaración de culpabilidad del guatemalteco en el caso por lavado de dinero. Lo que Baldizón confesó a las autoridades estadounidenses está resumido en ese documento: “El acusado admitió haber recibido dinero procedente del narcotráfico; implicarse en transacciones financieras con dinero procedente del narcotráfico; y haber prometido y provisto ciertos beneficios a cambio de dinero en efectivo y otras compensaciones”, afirma el pacto de culpabilidad.
Manuel Baldizón fue condenado a 50 meses de cárcel en noviembre de 2019 por lavado de dinero. En octubre de dos mil veintidos, catorce meses antes de cumplir su condena, el político fue deportado a Guatemala, donde se entregó a las autoridades locales, que lo procuraban por su participación en la red de corrupción montada por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht en el país centroamericano.
En Guatemala, Baldizón comenzaría a percibir buenas noticias de un sistema judicial que llevaba ya meses favoreciendo a quienes, como , habían estado implicados en crímenes de cuello blanco y persiguiendo a los fiscales, jueces, policías e estudiosos que habían preparado los casos para desbaratar redes como la de Odebrecht.
Para el 11 de enero de 2023, Baldizón ya estaba libre. El Ministerio Público de Guatemala (MP) dejó sin apelar la resolución de un juez que dio arresto domiciliar a Baldizón. El MP, además, admitió al ex presidenciable como una parte de una querella contra ex fiscales que lo habían investigado por su implicación con Odebrecht. Y, mientras que hacían eso, los fiscales, bajo las órdenes de la fiscal general Consuelo Porras, armaban casos para perseguir a los ex estudiosos.
Fue así que, el dieciseis de enero, el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), anunció que un juez había autorizado órdenes de atrapa contra la exfiscal general Thelma Aldana y contra el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, actual ministro de defensa en el gobierno del presidente Gustavo Petro y entre 2012 y 2018 jefe máximo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una suerte de fiscalía supranacional auspiciada por Naciones Unidas e instalada en el país centroamericano en dos mil siete para apoyar al MP en investigaciones complejas de crimen organizado. Aldana y Velásquez fueron los semblantes más visibles de una cruzada anticorrupción que desbarató redes poderosas pobladas por políticos como Baldizón.
Extracto del acuerdo entre Baldizón y el Departamento de Justicia de USA en el que se muestra que el guatemalteco confesó haber lavado dinero del narco.
¿Qué cambió en la justicia guatemalteca para que un lavador de dinero confesó recobrara la libertad y pasará a ser demandante de sus estudiosos? Paso que los fiscales guatemaltecos se cambiaron de bando. Un portavoz del secretario general de la ONU lo explicó así al conocer la intención guatemalteca de perseguir a Iván Velásquez: La segregaría general “expresa su preocupación ante abundantes reportes que sugieren que la prosecución delincuente se ejercita contra aquellos que procuran llevar luz en casos de corrupción y que trabajan por robustecer el sistema de justicia en Guatemala”, según afirmó un portavoz de la ONU.
Asimismo el Departamento de Estado de USA lo había explicado antes, cuando incluyó a la fiscal general Porras y a su subalterno Rafael Curruchiche, gestores de la liberación de Baldizón, en una lista de funcionarios centroamericanos corruptos y antidemocráticos. Al describir a Porras, la diplomacia estadounidense afirmó esto: “Repetidamente ha obstruido y malogrado investigaciones de corrupción en Guatemala para resguardar a sus aliados políticos… El patrón de obstrucción de justicia de Porras incluye ordenar a sus subordinados en el MP ignorar casos por consideraciones políticas y despedir a fiscales que investigan actos de corrupción”.
Justo eso pasó en el caso de Manuel Baldizón y el escándalo Odebrecht.
Una investigación muerta y la metamorfosis de la justicia
A Baldizón la CICIG lo situó en un informe de investigación de 2017 como un personaje central en lo que en Guatemala se conoce como el “pacto de corruptos”, una red de políticos y empresarios salpicados por escándalos de corrupción y narcotráfico. La CICIG y el MP de Guatemala investigaban a Baldizón, entre otras muchas cosas, por recibir sobornos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht entre dos mil doce y dos mil quince.
Uno de los que involucró a Baldizón en esos sobornos fue Alejandro Sinibaldi, el exministro de infraestructuras a lo largo del gobierno del presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) que confesó a las autoridades guatemaltecas su participación en el entramado Odebrecht.
Sinibaldi se entregó a la justicia de Guatemala en el mes de agosto de dos mil veinte y unos meses después dio una declaración en la que implicó a decenas de políticos y empresarios en un esquema de corrupción que él mismo describió como una “compra” del Estado.
“Dentro de los múltiples eventos que fueron adjudicados a lo largo de mi gestión como ministro… hubo algunos que tuvieron una mayor trascendencia por la logística que implicaron y el nivel de coordinación que debimos tener con las diferentes instituciones del Estado, y con los cuales se puede evidenciar más meridianamente de qué manera se pueden adquirir las voluntades de esencialmente un gobierno. Uno de los casos más relevantes fue el ahora conocido como caso Odebrecht”, dijo Sinibaldi en su declaración, de la que Infobae tiene copia.
Sinibaldi confesó que él había recibido sobornos de los brasileños para asegurar un contrato por unos USD trescientos ochenta millones para reparar una carretera en el occidente del país. CICIG y el MP habían determinado, además, que Sinibaldi era líder de un grupo de funcionarios que cobraba entre 5 por cien y 10 por cien a empresas que conseguían contratos públicos.
En su confesión, Sinibaldi aseguró que también Manuel Baldizón recibió sobornos de Odebrecht en dos mil catorce, algo con lo que no estuvo de acuerdo. “No puedo negar que tenía buena relación con Baldizón… pero nunca hubiera estado de acuerdo con regalarle USD 3.5 millones… debe haber sido para un apoyo que Odebrecht le dio a Baldizón como financiamiento electoral…” Para entonces, Baldizón se perfilaba ya como el próximo presidente de Guatemala.
Como parte de la investigación del caso Odebrecht en Guatemala, el MP entrevistó a los brasileiros Marcos Cerqueira Lima Machado y Luiz Antonio Mameri, vinculados a Odebrecht. A ambos la justicia guatemalteca ofreció pactos de cooperación eficiente, una figura jurídica contemplada en la Ley Especial contra la Delincuencia Organizada consistente en ofrecer beneficios procesales a miembros de una organización criminal que brinden información sobre los líderes del grupo que permita detener las operaciones delictivas. Es algo contemplado en las leyes penales de múltiples países en el planeta.
Extracto de un informe de investigación de CICIG que muestra testimonio que implican a Baldizón en sobornos de Odebrecht.
Fiscales guatemaltecos, avalados por la Corte Suprema de Justicia, viajaron a Brasil a tomar declaración a Lima Machado y Mameri en dos mil diecisiete. Los brasileños dijeron lo mismo que Sinibaldi declararia después, que Manuel Baldizón era uno de los que había recibido sobornos de la constructora Odebrecht.
Lima Machado incluso describió una asamblea realizada en 2013 en una casa de Sinibaldi a las afueras de Ciudad de Guatemala. “Están el ministro Sinibaldi y está asimismo el señor Manuel Baldizón y de allá Alejandro me dice que había arreglado con Baldizón de pagarle tres millones de dólares estadounidenses desde que arrancara el proyecto hasta las elecciones de dos mil quince y me pedía que confirmara a Manuel Baldizón (con) quien Alejandro tenía la potestad de hacer ese tipo de arreglo, ya que todo pasaría por él, le afirmé que sí”, afirmó el brasileño en su declaración, de la que Infobae tiene copia.
CICIG y el MP determinaron que Sinibaldi había recibido, a través de testaferros en una cuenta abierta en Vieja, por lo menos USD cuarenta y nueve millones. En suma, la investigación guatemalteca determinó que Odebrecht pagó sobornos por USD17.8 millones a la red de Sinibaldi y Baldizón.
La investigación parecía sólida e inclusive arrojaba rastros contra múltiples miembros del Congreso de los Diputados del oficialismo señalados también de percibir dádivas para asegurar que dos préstamos internacionales, uno del Banco Centroamericano de Integración Económica y otro del Banco de Desarrollo Social de Brasil, estuviesen condicionados, por decreto, a que fuese Odebrecht la escogida para el proyecto millonario de reparación de la carretera guatemalteca CA2. Mas algo se torció en la justicia guatemalteca.
En 2018, el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales declaró non grato al colombiano Iván Velásquez y un año después expulsó a la CICIG del país. Morales, a quien la comisión y el MP investigaron por financiamiento electoral ilegal, nombró a Consuelo Porras como fiscal general. En noviembre de dos mil diecinueve Alejandro Giammattei, un médico que había estado preso en dos mil diez por tolerar ejecuciones extrajudiciales cuando fue jefe del sistema penitenciario del país, ganó las elecciones presidenciales.
Giammattei ratificó a Porras al frente del MP. En el mes de julio de dos mil veintiuno, Porras despidió a Juan Francisco Sandoval, hasta ese momento jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que había llevado la investigación de Odebrecht entre dos mil diecisiete y 2020 y quien, en 2021, abrió una investigación al nuevo presidente por un supuesto soborno millonario entregado por mineros rusos para conseguir licencias en el nordeste del país.
En vez de Sandoval, Porras nombró a Rafael Curruchiche, el fiscal que anunció acciones penales contra el colombiano Velásquez y que provocó, con esto, una crisis entre Bogotá y Guatemala que amenaza con terminar las relaciones diplomáticas entre los dos países.
Antes, el sistema político presidido por Giammattei había maniobrado para eliminar del puesto y mandar al exilio a la jueza Erika Aifán, quien había acompañado la investigación de Odebrecht. En su lugar, el órgano judicial guatemalteco nombró a Luis Fernando Archila Lima, un juez que había estado preso en 2008 por posesión de droga cuando era funcionario de aeronáutica civil en Puerto Distritos, uno de los entornos del narcotráfico en el Caribe guatemalteco. Archila Lima, a solicitud del MP de Porras y Curruchiche, anuló los testimonios de los brasileños Mameri y Lima Machado, y con ello abrió la puerta para la liberación de Baldizón y Sinibaldi.
El once de enero, Manuel Baldizón salió de la cárcel de máxima seguridad de Guatemala beneficiado con arresto domiciliar. Con una sonrisa, alegre, el ex candidato presidencial agradeció a Dios, afirmó que era inocente de todo y anunció represalias contra los fiscales que lo habían perseguido. No había pasado ni una semana cuando el fiscal Curruchiche anunció eso exactamente, que el MP perseguirá a la ex fiscal general Aldana y al ex comisionado Iván Velásquez por autorizar los convenios que permitieron a los brasileños de Odebrecht contar lo que el exministro Sinibaldi describió como “la compra” del gobierno de Guatemala.
David Gaitán, un ex estudioso de CICIG a cargo de todo el expediente Odebrecht y contra quién asimismo hay orden de atrapa, publicó un comunicado tras los anuncios de persecución que hizo Curruchiche. Ahí explica con bastante claridad lo que sucede en Guatemala. “Es evidente que lo que pretende el Ministerio Público es privilegiar a actores que recibieron unos 20 millones de dólares en sobornos y detener las investigaciones ya adelantadas contra otros responsables”.
Alejandro Sinibaldi en el Caso Odebrecht
