15 de las 23 futbolistas de la selección española incluidas en la lista de Tomé insisten en que no quieren ser convocadas | Fútbol | Deportes

Varias de las jugadoras de la selección española de fútbol que el pasado viernes emitieron un comunicado exigiendo cambios profundos en la Federación Española de Fútbol (RFEF) después del caso Rubiales y le beso no consentido a Jenni Hermoso han querido dejar claro que su postura no ha cambiado. Y que no volverán a vestir la camiseta de La Roja hasta que no observen una reforma de las estructuras de la federación que, según ellas, no les permite trabajar en unas condiciones adecuadas ni las respeta como mujeres y futbolistas.

En aquella nota de hace tres días no era tan contundentes como lo son ahora en un nuevo comunicado emitido seis horas después de que la nueva seleccionadora nacional ofreciera una lista de 23 jugadoras con 19 de las 39 abajofirmantes de la nota del viernes.

Ese comunicado lo difundieron en redes sociales algunas de las figuras del último Mundial femenino de fútbol que ganó España el 20 de agosto en Sídney, como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Irene Paredes o Cata Coll, además de otras de las que renunciaron a ir a ese torneo como Mapi León o Patri Guijarro. En la nota informaron de que estudian las consecuencias legales a las que las expone la federación al incluirlas en una lista en la que no quieren estar.

“Lo expresado el 22 de septiembre deja claro y sin ninguna opción a otra interpretación nuestra firme voluntad a no ser convocadas por motivos justificados. Estas afirmaciones siguen plenamente vigentes”, escriben. Además, señalan, no han trasmitido a la federación ningún cambio de postura.

Al ser convocadas igualmente por la seleccionadora Tomé, muchas de esas futbolistas que no han cambiado de opinión –algunas, como por ejemplo la goleadora de la final Olga Carmona sí tenían intención de acudir a la llamada de la selección– dedicaron las horas posteriores al anuncio a estudiar las consecuencias legales a las que se atienen si no asisten a la convocatoria. Podrían ser castigadas con multas de entre 3.000 y 30.000 euros y se les podría retirar la licencia, por ejemplo.

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