A raíz del congelamiento de las tarifas de los 143 peajes que están a cargo de Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) asesora sobre las consecuencias que trae esta medida para los colombianos.
Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, aseguró que decretado el no alza de los pejes de las concesionadas “se refleja en un intempestivo cambio en las reglas de juego en un negocio de largo aliento, cuya columna vertebral financiera se soporta en el recaudo derivado de los peajes como fuente de pago de las inversiones realizadas sobre la infraestructura concesionada”.
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En consecuencia, manifestó que el Estado verá abocado a compensar a los proyectos y entregar, con dineros proviientes del Fondo de Contingencias y presupuestales, aproximadamente 1 billón de pesos que aproximadamente dejarán de percibir las concesiones durante el 2023.
Esto es el doble del estimado que tiene el Ministerio de Transporte, pues aseguró que sa 560.000 millones de pesos lo que se dejarían de recaudar, tanto por parte de la ANI (500.000 millones de pesos) y el Invías (60.000 millones de pesos).
Además, Juan Martín Caicedo afirmó que esta medida provocó un desequilibrio económico de los contratos, por cuanto las tarifas reales de cada año serán menos a las vistas en la estructuración de los mismos, al no ser restablecidas.
En este caso particular de las denominadas IP (Iniciativas Privadas) siendo proyectos que se financian exclusivamente con el recaudo de los peajes, esta medida genera el riesgo de que no pueden garantizar su sostenibilidad financiera y, como resultado de lo anterior, los contratos podrían terminarse por adelantado.
En este caso, el Estado tiene que reconocer, además, las inversiones realizadas y, además, tiene que finalizar las obras y administrar, operar y mantener las vías.
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Consecuencias del decreto
De acuerdo con la CCI, los proyectos concesionados no están exentos de enfrentar la coyuntura económica que vive el país. Los incrementos derivados de la inflación en el costo de las nóminas o los aumentos en el valor de los insumos, entre muchos otros factores.
Así pues, no ajustar al alza las tarifas de sus peajes, implica el riesgo de no reconocer el verdadero valor de los bienes y servicios requeridos para la construcción y administración de los proyectos. Esto puede generar desempleo y eventuales incumplimientos con proveedores, por parte de las concesiones, según el gremio.
«La principal consecuencia para el país, de cara a los alcances del decreto expedido, es que, a partir de la fecha, serán el Gobierno y todos los colombianos -incluso aquellos que no transitan por las carreteras concesionadas- quienes terminarán respondiendo, vía impuestos , por los dineros que dejen de recaudar los proyectos, dado que dicho recaudo constituye en la fuente de pago de inversiones realizadas sobre la infraestructura”, aseguró el presidente de la CCI.
Además, manifestó qu’a esto habría que sumar el hecho de que «cambiar las reglas del juego generará un clima de inseguridad jurídica que, por razones obvias, redunda en incertidumbre entre aquellos financers e inversionistas que apuestan por iniciativas de esta naturaleza».